El entorno regulatorio de la gestión de datos en España

Las normas y leyes en telecomunicaciones son fundamentales y desempeñan un papel crucial en el funcionamiento eficiente y seguro de las redes y servicios de comunicación en los países donde son de aplicación. Estas regulaciones son esenciales para proteger los derechos de los usuarios, promover la competencia y garantizar la seguridad de las comunicaciones.

España ha implementado una serie de regulaciones de diferente rango que se centran en aspectos fundamentales de la digitalización, como la mejora de infraestructuras y la gestión segura de datos. Estas normas se complementan con documentos estratégicos, como el Plan España Digital 2026.

Dentro del ámbito de los datos, existen diversas perspectivas a considerar. Por ejemplo, la accesibilidad de los datos para la ciudadanía puede ser un enfoque relevante. Según el Informe del Portal Europeo de Datos de 2018, España se encuentra en la segunda posición en Europa en términos de iniciativas de datos abiertos (open data). Esta iniciativa se apoya en la Ley sobre reutilización de la información del sector público de 2007, la cual adaptó una directiva europea de 2003.

En 2019, esta antigua directiva fue reemplazada por la Directiva (UE) 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. Dicha norma establece un marco legal común para el mercado europeo de datos en posesión de las administraciones públicas. Esta Directiva persigue fortalecer la transparencia y la competencia leal. Así, en diciembre de 2022, el Congreso de los Diputados aprobó el Real Decreto-Ley 24/2021, el cual transpone varias directivas europeas, incluida la citada Directiva (UE) 2019/1024. 

La nueva regulación busca adaptar las garantías y obligaciones legales al panorama actual de innovación, donde tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) podrían beneficiarse de una mayor disponibilidad de datos del sector público. Esta iniciativa se alinea con la Estrategia de Datos de la Unión Europea, que busca crear un mercado único de datos donde la información fluya libremente entre países y entre sectores. 

A través del Real Decreto-Ley 24/2021, se modificaron las disposiciones de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, introduciendo novedades en cuanto a los sujetos obligados, los tipos de datos de especial interés y los procedimientos de tramitación de solicitudes, además de otros cambios de menor entidad.

Otra evolución regulatoria fue la aprobación de una orden ministerial para establecer una Oficina del Dato encargada de diseñar las estrategias gubernamentales de gestión de datos y crear espacios seguros de intercambio de datos entre empresas, ciudadanos y administraciones públicas.

Por otro lado, en 2018 la UE aprobó el Reglamento relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales. El objetivo de este Reglamento es garantizar la libre circulación de este tipo de datos mediante la fijación de normas sobre los requisitos de su localización, su portabilidad y su disponibilidad para las autoridades competentes. 

Los datos son, así mismo, un factor de crecimiento económico. En este sentido se orienta la Estrategia Digital de la UE, que trata de favorecer una transición digital que dé lugar a una economía competitiva en este ámbito. Y también la Estrategia Europea de Datos, que persigue específicamente el desarrollo de un mercado único de datos.

Además de su accesibilidad y aprovechamiento económico, los datos también requieren protección. En España, desde 2018 se cuenta con una Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, la cual establece una serie de derechos, responsabilidades, procedimientos y sanciones en diversos casos. Esta ley se ajusta al Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales de la UE.

En lo relativo a datos personales, además, otras leyes han venido después con medidas en materia de administración digital (Real Decreto-Ley 14/2019), protección de datos para la persecución de infracciones penales (Ley Orgánica 7/2021) y lucha contra la corrupción (Ley 2/2023).

En MIA Advanced Systems tenemos bien presente este marco regulatorio en el diseño de nuestras soluciones. En el desarrollo de Smart_TEM, nuestra herramienta de gestión de gastos de telecomunicaciones, estamos poniendo especial cuidado en lo relativo a compliance y protección de datos. El proyecto Smart_TEM está cofinanciado por la Entidad Pública Empresarial Red.es a través del Fondo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dentro del Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»).